Kevin Palacios tiene 28 años y una incapacitación judicial que le impide acudir a las urnas. Junto a su madre, se ha personado en los juzgados a revertir una situación que le parece injusta. Está a la espera de respuesta. "Un atropello mayúsculo". Así calificaba en abril del año pasado el presidente del CERMI, Luis Cayo Pérez Bueno, la pérdida del derecho al voto de muchas personas con discapacidad intelectual. El máximo responsable estatal del CERMI estaba en Burgos y acababa de dar una charla a unos jóvenes con síndrome de Down a los que pidió vivamente que lucharan siempre por sus derechos y uno de ellos es elegir a sus representantes. "Ahora mismo hay 80.000 personas con discapacidad en toda España que tienen una sentencia judicial que les priva del derecho de voto. Son números de la Fiscalía General del Estado, que ha recopilado todas las sentencias. En la ley electoral se incluye que un juez puede hacerlo si la persona tiene una sentencia de incapacitación que modula lo que puede y no puede hacer. Y desde el año 80, del que data la ley electoral, los  jueces, casi de oficio, han quitado el derecho al voto siempre que han incapacitado a una persona por enfermedad mental o discapacidad sin hacerles el examen individual que se exigía", aseguraba.

 

Doce meses después el estado de cosas no ha cambiado sustancialmente pero se ha encontrado con la reacción del CERMI, que ha editado una guía con contenidos útiles y un contundente lema, Tienes derecho a votar. Que nadie te lo quite, donde se recuerda qué normas amparan el derecho al voto: la Constitución española de 1978, la Convención de la Organización de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad y  las leyes y el resto del ordenamiento jurídico. Por otro lado, aconseja qué hacer en el caso de que una persona no pueda, por decisión judicial, acudir a las urnas a dar su apoyo a un partido político. Que es exactamente lo que le ocurre a Kevin Palacios Calvo, un joven de casi 29 años, que se emplea en el Centro Ocupacional que Aspanias tiene en Quintanadueñas trabajando para la empresa de cosméticos L’Orèal,  al que le gustaría ser escritor y contar sus historias, sobre todo la que hoy le trae a estas páginas. "No puedo votar y me parece que es algo muy injusto. Creo que tengo los mismos derechos que cualquiera, yo soy capaz de hacer cualquier cosa y no quiero que se me excluya del mundo social", asegura, muy serio.

 

Sabe perfectamente quién es el actual alcalde de la ciudad pero tiene dudas sobre los nombres de los candidatos a las próximas elecciones. Nada que no le pase a un  elevado porcentaje de conciudadanos que no están calificados de personas con discapacidad intelectual, concepto ya en desuso y que las organizaciones prefieren sustituir por personas ‘con capacidades diversas’ que, quizás, se ajuste más a la realidad de lo que es este colectivo.

 

Aunque dice que le produce "mucha tristeza" no poder participar en las elecciones municipales, Palacios no se ha limitado a lamentarse por la pérdida del derecho al voto que una vez tuvo. Se ha propuesto recuperarlo con la ayuda de Rosa Calvo, su madre, que siempre pone las noticias en la tele para que Kevin conozca las cosas que pasan en su ciudad y en su país. Decimos recuperar su derecho al voto porque cuando la madre de este joven decidió incapacitarlo para protegerle y pensando en su bienestar -una medida que adoptan muchas familias con una persona con discapacidad- la decisión judicial se llevó por delante todos sus derechos, incluido el del voto, sin mayor reflexión. Parece que iba todo en el mismo lote.

 

Él mismo lo explica: "Mi madre me incapacitó para cuidar de mí pero yo creo que hay cosas que sí que puedo hacer". Junto a él está Estíbaliz del Val, técnica de Formación de Servicios Asociativos del Grupo Aspanias, que afirma que las incapacitaciones se pueden revisar y que cada vez son más las familias que toman esta decisión: "No tengo muy claro que todas ellas sepan, en el momento en el que lo ponen en marcha, qué es lo que de negativo puede implicar un proceso de incapacitación para sus hijos". Con una nueva mirada, las incapacitaciones se convertirán en más selectivas, reales y ajustadas al perfil de la persona "señalando más lo que sí pueden hacer que lo que no, porque ahora estamos hablando de capacidades", añade Del Val.

 

Así que Kevin y su madre -que son uña y carne, en palabras de él- se fueron al juzgado con un informe del psicólogo de la asociación y ahora, después de tener que responder a unas preguntas que le hizo el forense sobre su conocimiento de la realidad, están a la espera de recibir noticias que él espera que sean buenas. Mientras tanto, le recuerda a los aspirantes a alcalde que piensen en su colectivo y sigue escribiendo cuentos para niños, una afición que pudo contarle hace unos meses al novelista Óscar Esquivias, al que conoció en un café-tertulia organizado por Aspanias, según cuenta, muy orgulloso.

 

 

Por suerte, no todas las personas que conviven con una discapacidad intelectual estarán lejos de las urnas el próximo día 24 y, por tanto, de la capacidad de decidir el destino de la ciudad. Abel Tudela, operario del Centro Especial de Empleo, es una de ellas, y tiene muy claro qué quiere de los candidatos a ocupar el sillón de la Casa Consistorial, que no es otra cosa que no pongan la zona azul en Gamonal: "Yo votaría a quien me asegurara que eso no va a pasar nunca". Más claro, agua.

 

Otra es Cristina Espinosa, la más joven del trío, estudiante en el centro de Puentesaúco -"allí aprendo Lengua, Matemáticas, Historia, Dibujo, que es lo que más me gusta..."- y que tiene la particularidad de ser novata ya que cumplió los 18 el año pasado. "Me apetece mucho votar por primera vez pero no leo los programas electorales, me estresan mucho y creo que de cada partido sale un ladrón distinto", afirma la joven, entre risas. De nuevo, nada diferencia esta opinión de la de tantos españoles.

 

¿Algún candidato le cae a Cristina mejor que otro? Ninguno. ¿Qué quiere que haga el nuevo alcalde por las personas con discapacidad intelectual? Que los autobuses más viejos tengan rampas para que puedan subir las personas en silla de ruedas y que en Casa la Vega arreglen un trozo de acera que está "llena de agujeros".